Cuando las estrategias de lucha contra el crimen reflejan ignorancia en vez de información

En materia de criminalidad, nos dejamos influir fácilmente por información y percepciones falsas. Si un carterista nos roba la billetera o si nos enteramos de un atraco en nuestro vecindario, relativamente seguro, suponemos de inmediato que hemos sido acorralados por la delincuencia. Nos producen ansiedad los políticos que difunden estadísticas exageradas de las tasas de homicidio para demostrar su mano dura contra el crimen; el periodismo amarillista con su crónica roja; las redes sociales que alimentan el miedo.

Todo esto significa que tenemos opiniones que a menudo distan mucho de la realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la criminalidad se ha reducido casi a la mitad en los últimos 20 años, las encuestas Gallup revelan de manera sistemática que la mayoría de la gente cree que cada año los niveles de delincuencia en el país son más altos que los del año anterior. Esto es una desconexión con la realidad que puede haber dilatado los esfuerzos por reducir las costosas tasas de encarcelamiento. En Chile, uno de los países más seguros de la región, una encuesta auspiciada por el gobierno y publicada en 2017 reveló que el 54% de la población deseaba penas más duras para los delincuentes.

 Estrategias de mano dura en la lucha contra el crimen que contradicen las buenas prácticas

Las consecuencias para la política pública son preocupantes, ya que con una opinión pública en América Latina y el Caribe más influenciada por las noticias falsas o por las noticias estridentes mas que por los hechos, los ciudadanos apoyan y los políticos implementan políticas de mano dura, pese a la evidencia de su poca o ninguna repercusión sobre la conducta delictiva. Las políticas de línea dura incluyen penas más duras y otras estrategias punitivas que son mucho menos eficaces que las preventivas, como inversión en educación preescolar, programas de formación parental y otras políticas de bienestar social.

En un estudio reciente, Daniel Gingerich y yo decidimos evaluar esta dinámica. Queríamos saber concretamente qué tan vulnerables son los ciudadanos a las distorsiones informativas en materia de criminalidad, y cómo estas distorsiones podrían afectar sus preferencias de política pública. Nuestras conclusiones, que sugieren reacciones instintivas y no opiniones meditadas sobre los problemas de la delincuencia, ofrecen serios desafíos para América Latina y el Caribe en su empeño por trazar un camino más eficiente en la lucha contra el crimen.

Un experimento en Panamá

Elegimos a Panamá, un país que recientemente ha visto cambios drásticos en las tendencias delictivas, como el lugar para llevar a cabo nuestro experimento. Incorporamos preguntas en la Encuesta del Barómetro de las Américas 2016/2017. Le entregamos a un grupo encuestado una infografía con un gráfico que indicaba un aumento del 75% en la tasa de homicidios en Panamá entre 2000 y 2013 y un texto que decía “¿Sabía que la tasa de homicidios en Panamá casi se ha duplicado en los últimos años?” sobre la imagen de una escena del crimen. El otro grupo recibió un mensaje describiendo una reducción del 25% en la delincuencia entre 2009 y 2013 con el texto “¿Sabía que la tasa de homicidios en Panamá ha disminuido en los últimos años?” sobre la imagen de una madre y su hijo caminando por un parque. Ambas declaraciones sobre la criminalidad eran correctas, solo que reflejaban fechas de inicio distintas, con los últimos años indicando una disminución en la tasa de homicidios.

También les pedimos a los encuestados que utilizaran diez monedas para asignarlas a cuatro categorías distintas de la lucha contra el crimen, reflejando cómo distribuirían una cantidad limitada de recursos. Dichas categorías eran castigo; detección (sistemas de seguridad); medidas preventivas (programas de rehabilitación y formación profesional) y programas de lucha contra la pobreza.

Observamos que el grupo expuesto al mensaje sobre mayor criminalidad movió cerca del 30% de los recursos de la política social al castigo, en comparación con el grupo de control. Además, cuando dividimos ese grupo de tratamiento en subcategorías, descubrimos que, por mucho, el mayor impacto se observó en las personas desinformadas. Por su parte, aquellas personas que consumían grandes cantidades de noticias resultaron relativamente poco afectadas por la noticia sobre el aumento de homicidios. Y quienes tenían poca exposición a las noticias prefirieron el castigo a las soluciones de política social en cerca de un 400%.

Sorprende aún más que las personas que recibieron el mensaje acerca de la disminución en las tasas de delincuencia casi no variaron sus preferencias. Y eso sugiere que, si bien las noticias sobre el aumento de la criminalidad pueden atizar una pasión por el castigo, un mayor número de noticias positivas apenas logra tener algún impacto, quizás porque la mera mención del delito tiende a llevar a las personas a adoptar posiciones punitivas e inflexibles al respecto.

Estrategias equivocadas en la lucha contra el crimen conducen a un aumento en la población penitenciaria

Entre 2002 y 2014 la población penitenciaria de los 17 países de la región se duplicó hasta alcanzar 1,2 millones, una tasa de crecimiento que, en caso de sostenerse, podría llegar a ver cerca de 3,4 millones de personas tras las rejas hacia 2030 y generar un incremento de varios millones de dólares en el gasto público anual. Esto, al menos en parte, es impulsado por una población que está a favor de sentencias cada vez más duras, a menudo sobre la base de noticias falsas, exageradas o mal entendidas. Por otra parte, son muy pocos los recursos destinados a estrategias alternativas que logran resultados significativamente mejores como, por ejemplo, el tratamiento para quienes cometen delitos no violentos relacionados con las drogas.

No resulta obvio a simple vista qué se puede hacer al respecto. Parte de esta desconexión con la realidad tiene que ver con la reducción en el número de partidos políticos institucionalizados y programáticos que tenían una visión a largo plazo y refrenaron a sus miembros dispuestos a mentir o a exagerar acerca de asuntos como el crimen para beneficiarse políticamente. Esto tiene algo que ver con la difusión en el uso de las redes sociales y la proliferación de sitios web que apelan a los miedos tribales de la población. No existe una solución fácil en la larga lucha por mejorar la política de seguridad. Sin embargo, la disposición que tienen varios sitios de redes sociales para autovigilarse y reprimir abiertamente las noticias falsas sobre criminalidad y otros asuntos, es al menos un buen comienzo.

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/cuando-las-estrategias-de-lucha-contra-el-crimen-reflejan-ignorancia-en-vez-de-informacion/?utm_source=email

Carlos Scartascini

Carlos Scartascini

Carlos Scartascini es líder del Grupo de Economía del Comportamiento del BID y líder técnico principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se enfoca en expandir el uso de la economía del comportamiento en el BID y en dirigir muchos experimentos de campo con gobiernos en América Latina y el Caribe. Su investigación actual se centra en el papel de los mensajes y los métodos de comunicación para afectar el comportamiento y la demanda de políticas públicas. Además de la economía del comportamiento, sus áreas de especialización incluyen economía política y finanzas públicas. Ha publicado siete libros y más de 35 artículos en volúmenes editados y revistas especializadas. Es editor asociado de la revista académica Economía. Un nativo de Argentina, el Carlos tiene un Ph.D. y un Máster en Economía de la Universidad George Mason.

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