La JEP: en la mira del establecimiento Por: Germán Ayala Osorio Comunicador social y politólogo

No se puede desconocer que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pasa hoy por sus peores momentos, por cuenta de hechos, acciones y decisiones que tocan de manera directa a formas regladas y no regladas del ejercicio del Poder político en un país como Colombia, cuya sociedad internalizó el ethos mafioso que por largos años ha guiado la vida privada y pública de sus élites.

La negociación misma del fin del conflicto armado con las Farc, el lento proceso de implementación1 de lo acordado en La Habana, los ataques institucionales contra el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, perpetrados desde sectores del Congreso, de la opinión pública y desde la propia Fiscalía General de la Nación; el evidente desprecio que exhibe el gobierno de Duque por los compromisos adquiridos, en nombre del Estado, por el anterior gobierno, así como el relativo compromiso con la construcción de una paz2 estable y duradera que se colige después de leer el proyecto de Plan de Desarrollo (2018 – 2022); el caso Santrich3 y recientemente la confusa captura del fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, junto al parapolítico, Luis Alberto Gil, son hechos que no se pueden comprender de manera aislada. Por el contrario, todos, en algún nivel, hacen parte de un proceso sistemático de deslegitimación del tratado de paz4 firmado entre el Estado colombiano y las guerrillas de las Farc. Dicho proceso, tiene en la tesis negacionista del conflicto y en la intención manifiesta del llamado “uribismo” de reescribir la historia política de Colombia, en sus principales orientaciones morales y políticas.

No se puede desconocer que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pasa hoy por sus peores momentos, por cuenta de hechos, acciones y decisiones que tocan de manera directa a formas regladas y no regladas del ejercicio del Poder político en un país como Colombia, cuya sociedad internalizó el ethos mafioso que por largos años ha guiado la vida privada y pública de sus élites. Distingo por lo menos 4 elementos, factores o circunstancias que coadyuvan de manera directa a que el proceso de deslegitimar al señalado tribunal de paz se dé en forma progresiva y constante.

En primer lugar, todo lo anterior se da por una vieja confusión conceptual entre lo que es el Estado, los asuntos estatales y lo que es el Gobierno y los temas de interés para una particular y limitada administración. La negativa de Duque de reconocer los protocolos firmados entre el Estado y la cúpula del ELN da cuenta de esa confusión conceptual, fruto, por supuesto, de una postura moralizante con la que el gobierno y el propio mandatario, aupados por la Gran Prensa y las abyectas acciones violentas5 ordenadas por el COCE, pretenden seguir mirando las acciones de guerra generadas en el marco de un degradado conflicto armado que aún persiste entre esa guerrilla6 y el Estado colombiano. Esa vieja confusión se explica por la cooptación y captura mafiosa que del Estado7 han hecho miembros selectos de la clase dirigente, empresarial y política del país, que les ha permitido concebir un orden justo a la medida de sus intereses de clase.

En segundo lugar, aparece la lucha ideológica que subyace a la confrontación armada y que después del silenciamiento de los fusiles y la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc a la vida social, económica y política del país, emerge como un factor desequilibrante para los anhelos de consolidar procesos de reconciliación, en el marco de la justicia restaurativa con la que serán cobijados penalmente tanto los excomandantes farianos, como los altos mandos militares, comprometidos todos con la violación de los derechos humanos y el DIH.

En tercer lugar, entran en el juego de la confrontación política, poderosos agentes del Establecimiento, temerosos de que sus nombres y sus reputaciones se vean comprometidas por las medidas judiciales que se adopten al interior de la JEP y en las conclusiones a las que se llegue en la Comisión de la Verdad. Es claro, por ejemplo, que Álvaro Uribe Vélez le tiene miedo a la verdad histórica y a la verdad jurídica a las que lleguen la Comisión de la Verdad y la JEP. Como alfil y pararrayos de los sectores del Establecimiento comprometidos, directa y directamente, con las dinámicas del conflicto armado interno, Uribe Vélez, junto al Fiscal Martínez, pueden estar detrás de los ataques sistemáticos en contra del tribunal de paz y del proceso de implementación del Acuerdo Final II.

Y en cuarto lugar, aparecen las circunstancias de tiempo y lugar en las que opera aquello de la independencia de los poderes públicos y una consecuente institucionalidad que funciona, a pesar de la histórica debilidad del Estado para erigirse como un orden legítimo y moralmente superior a sus asociados. Para esta circunstancia, hay que señalar la decisión que tomó el Consejo de Estado en el sentido de mantener la investidura a Santrich como Representante a la Cámara. Ese fallo en derecho ya es leído como una acción más que hace parte del “proceso de entrega, del país, a las Farc”.

Todos los cuatro elementos arriba señalados, están fuertemente ancorados al ambiente de crispación ideológica que se produjo desde el instante mismo en el que se dio inicio a las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Santos (2010-2018). Convulsión ideológica que prosiguió con el resultado del plebiscito8 del 2 de octubre. Con la llegada al poder de Iván Duque9, amparado en el discurso guerrerista de Uribe Vélez, y en su tesis negacionista del conflicto armado interno, los conflictos ideológicos, entre izquierda y derecha se incrementaron.

El Fiscal

Las actuaciones del ladino Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira10 (NHMN) en contra de la JEP, deben conectarse a los cuatro elementos señalados líneas atrás. En particular, con el punto tres, dado que el director del ente investigador funge como “defensor de oficio” de líderes de conglomerados económicos y de sectores políticos que de disímiles maneras están comprometidos con el financiamiento de grupos paramilitares o están enredados con la comisión de delitos como el desplazamiento forzado, y la consecuente concentración, por desposesión, de millones de hectáreas de tierra.

Ya son varios los enfrentamientos entre el Fiscal11 y la JEP. Los casos más significativos tienen que ver con la entrega y manejo de los recursos económicos que las Farc entregaron para la reparación de las víctimas y de tiempo atrás, los choques institucionales se produjeron por la captura de alias “Jesús Santrich”, con fines de extradición, a petición del departamento de Justicia de los Estados Unidos. De la mano de la DEA, con la anuencia del gobierno de Trump, NHMN dispuso de la Fiscalía para “armar un proceso” en contra del exguerrillero, lo que ocasionó un enfrentamiento con la JEP. Después de la petición al Fiscal Martínez, y a las autoridades americanas de las pruebas sobre las que se sustenta la petición de extradición del ex miembro del Secretariado de las Farc, la JEP quedó en la mira de la DEA, del uribismo y de otros sectores del Establecimiento, pues el tribunal de paz deberá examinar si Santrich cometió el delito del que se le acusa, antes o después de firmado el Acuerdo Final. A lo que se suma, la molestia, interna y externa, que genera la decisión adoptada al interior de la JEP en torno a que las solicitudes de extradiciones que conozca y tramite dicho tribunal serán sometidas a la doble instancia, bajo el criterio de garantizar los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación. Las lecturas equívocas no se hicieron esperar por parte del “uribismo” y de los sectores sociales que apoyan las ideas políticas del Centro Democrático. De inmediato se comparó con el caso con el del prófugo de la justicia, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por los irregulares manejos dados a millonarios recursos de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS). Hay que recordar que el fallo condenatorio proferido por el alto tribunal se produjo antes de la reforma a la justicia que dio vida a la segunda instancia12 para los congresistas procesados.

En cuanto a la captura de Bermeo y el excongresista condenado por vínculos con grupos paramilitares, Luis Alberto Gil, hay que decir que subsisten y persisten muchas dudas alrededor de la tesis que de manera temprana construyó la Fiscalía; dicha tesis señala que el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, abogaría para la no extradición de Santrich, a cambio de un cobro millonario en dólares. De inmediato, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, salió al paso y explicó que Bermeo no hace parte de la sección o sala de la revisión que deberá asumir el caso del exguerrillero de las antiguas Farc.

Sobre este asunto hay que señalar, de un lado, que la tesis lanzada por el Fiscal General buscaba afectar la imagen del tribunal de paz, su legitimidad y su prestancia moral e institucional. A pesar de las aclaraciones de su presidenta, el daño está hecho, por cuanto la Gran Prensa afecta al Establecimiento continúa replicándola sin asomo alguno de querer cuestionar al ente investigador por la falsedad de la tesis y de la imputación que le dio vida.

Lo que, si resulta cuestionable, y así lo hizo la propia presidenta de la JEP, es el procedimiento mediante el cual se dio la elección como fiscal de la JEP del ciudadano Carlos Julián Bermeo. Su militancia y cercanía a movimientos políticos vinculados con los paramilitares le resta prestancia moral y ética. Esta situación supone ya, un agrio enfrentamiento al interior de la JEP. Esa será una consecuencia no esperada por quienes vienen orquestando los sistemáticos ataques en contra de la jurisdicción de paz.

Así las cosas, estamos adportas de dos escenarios posibles: de un lado, que se dé un enfrentamiento al interior de las instituciones estatales, que bien puede terminar en la generación de condiciones de inseguridad política y jurídica para los magistrados de la JEP. Baste con que grupos paramilitares o de sicarios, en contubernio con organismos de seguridad del Estado, se unan para atentar contra la vida de la presidenta o de otro miembro de la JEP, para asegurar así la parálisis de ese tribunal de paz. Y el segundo escenario, tiene que ver con la posibilidad de que los miembros del partido Farc, hagan uso del mecanismo de reclamo13 ante evidentes incumplimientos del Acuerdo Final. Ello significa que la Farc, como parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, eleve una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que podría desatar la intervención de dicho organismo y de los países garantes, para garantizar el cumplimiento de lo firmado por el Estado colombiano. Mientras el segundo escenario se da, muy seguramente las arremetidas desde el Establecimiento continuarán en contra de la JEP y de todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y todo, por el pavor o el pánico que produce en un sector del Establecimiento, las conclusiones que en materia de Verdad Histórica y Verdad Jurídica se puedan construir en las instancias diseñadas para ello.

Edición 626 – Semana del 8 al 14 de marzo de 2019



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